Pueblos originarios en la mira del gobierno de Sheinbaum

Buscan legalizar el despojo y beneficiar a inmobiliarias

Representantes de Pueblos Originarios rechazan el sistema de registro que tanto de ellos como de Comunidades Indígenas Residentes el gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) busca imponer para «legalizar el despojo» de sus territorios a fin de entregarlos a «terceros interesados» como serían empresas inmobiliarias, y en cuya «legitimación» estarían involucrados tanto las alcaldías como las secretarías del Medio Ambiente y la de Desarrollo Urbano y Vivienda.

«A todos los conocemos en su forma de operar cada vez que la mancha urbana avanza sobre nosotros y nuestras formas de vida», manifiestan en un documento presentado por Casa Armaluz, organización de educación-acción comunitaria del pueblo originario de San Pedro Cuajimalpa.

«Intereses ocultos»

En la pretensión del gobierno capitalino, dice el documento, hay «intereses ocultos» para desconocer los derechos «adquiridos y codificados» en la Constitución Federal, en la Constitución de la Ciudad de México, así como en la legislación de derechos humanos y otras leyes, acuerdos, convenios, pactos e instrumentos normativos de nivel internacional.

«No se nos consultó previamente (a los pueblos originarios) y se nos desconoce el derecho a la auto adscripción» que ya ejercen, se precisa en el documento, por lo que rechazan que se les llame «grupos sociales de personas originarias» (o personas que se «auto identifican», lo que no tiene los efectos legales de nuestro auto reconocimiento), y como consecuencia no irán a formarse a las ventanillas antes del 30 de agosto de 2022 para solicitar ningún trámite como pretende el gobierno capitalino, debido a que «daríamos pie para que se nieguen todos los derechos ya alcanzados».

La simulación de una convocatoria

El pasado 30 de mayo la jefatura de gobierno (Claudia Sheinbaum) a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), dio a conocer la convocatoria para constituir un sistema de registro y documentación de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, con el presunto fin de «identificarlos» porque «en diferentes etapas de lucha han buscado el reconocimiento y vigencia de sus derechos», según fue argumentado.

En el documento de pueblos originarios presentado por Casa Armaluz se retoma el que dicho trámite deberá hacerse antes del 30 de agosto, pero «si llegara a faltar alguno de los muchos documentos que exigen o alguno no fuera de su agrado, sólo se tiene 5 días hábiles para reponerlo y si no, se desecha la solicitud y todo el esfuerzo que nos piden, contra reloj, sería en vano».

«Comisión asesora», otra simulación

«El registro –advierte el documento–, someterá la documentación presentada a una ‘comisión asesora’ para que opine si es o no procedente el expediente y con apoyo en dicha opinión, la autoridad podrá declarar Procedente o No Procedente el registro solicitado, lo que implica que si se declara NO procedente NO se reconocerá la existencia jurídica del sujeto colectivo de derecho: Pueblo Originario; y en su caso se dejaran a salvo los derechos individuales de los solicitantes, lo que quiere decir que para el gobierno sólo serán grupos de personas originarias que se auto identifican. Es decir nada comunitario».

La pretensión del gobierno capitalino es la de emitir «una constancia como Pueblo, a los ‘Grupos Sociales’ que cuenten con una resolución procedente. El documento contendrá el nombre del Pueblo, en su caso su localización geográfica, resumen de las características principales del pueblo, número de registro, ubicación del expediente y fecha de emisión. Solo así, para ellos seremos Pueblos Originarios lo que significa que siendo obligación del gobierno respetar nuestro derecho a la auto adscripción, nos impone una carga de pruebas que a ellos corresponde».

Aquí está el «gato encerrado»

Para «legalizar el despojo» de sus territorios, el gobierno capitalino busca que tras el registro un comité de delimitación del espacio geográfico determine dónde «se encuentran asentados los grupos sociales», por lo que de antemano niega que se trate de «Pueblos Originarios con un territorio, en el que ejercemos los derechos de utilización, desarrollo, control y gestión de los recursos existentes en él, (y que para ellos son) bienes naturales para la vida».

«Estamos ante un concepto muy diferente al de ‘espacio geográfico donde se encuentran asentados grupos sociales’», se precisa en el documento.

Por consiguiente, se subraya, «queda claro el porqué de este cambio, cuando leemos quiénes harán esa delimitación ahora en calidad de comité», el cual estará integrado por la alcaldía, las secretarías del Medio Ambiente y la de Desarrollo Urbano y Vivienda; así como los institutos de Planeación Democrática y Prospectiva y el Electoral, todos de la Ciudad de México.

«Lo que resulta conveniente para los que ambicionan nuestros territorios», se precisa en el documento. «A todos los conocemos en su forma de operar cada vez que la mancha urbana avanza sobre nosotros y nuestras formas de vida».

Lastiman la dignidad ancestral

Estos actos «denigran y violentan» los derechos de Pueblos Originarios para favorecer el despojo, lo que es «inaceptable» porque se ser sujetos de derecho público con patrimonio propio y legitima representación, por disposición del gobierno capitalino pasan a ser «grupos» de personas originarias.

Pasan de «personas auto adscritas a un Pueblo Originario a personas que se auto identifican como de un pueblo».

«Sujetos de derecho público con patrimonio propio y legitima representación, con territorio en donde utilizamos, desarrollamos, controlamos y gestionamos los recursos existentes que son para nosotros los bienes naturales para nuestras formas de vida, a ‘grupos sociales asentados en un espacio geográfico’», se apunta.

Comisiones y comités espurios

Consideraron «inaceptable» que quienes pretenden decidir sobre el futuro de los Pueblos Originarios sean «una comisión asesora y un comité de delimitación integrado por las instancias que nos han despojado para enriquecer a las inmobiliarias», y que ahora pretendan seguir haciéndolo cuando «constitucionalmente somos sujetos de derecho público con patrimonio propio y legitima representación».

Llaman a respetar la sangre de los abuelos

«Si nos respetamos y respetamos nuestra historia y la sangre derramada por los abuelos no podemos aceptar que violen la Constitución, el Derecho Internacional y los fallos y jurisprudencia de tribunales y de la Suprema Corte de Justicia, con un acto administrativo de burócratas, con apoyo justificado en leyes secundarias interpretadas a modo», se asienta en el documento.

En resumen «Somos Pueblos Originarios porque tenemos (y) ocupamos nuestros territorios desde antes de la invasión europea y desde antes de que se conformara el Estado mexicano, y nos reconocemos con muchas otras formas de identidad», se señala en el documento. ♦

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