Comunidades indígenas frenan construcción del Tren Maya

Enero 28, 2020.- Consiguieron que un juez otorgara la suspensión provisional tras de su solicitud de amparo por la consulta simulada y fraudulenta que se llevó a cabo por órdenes del presidente López

La suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya de parte del Poder Judicial de la federación obtuvieron hoy comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch’ol, e integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche

El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, acordó conceder la suspensión provisional «para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto», hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

La suspensión, obtenida el 14 de enero, fue en respuesta a «una solicitud de amparo que presentamos en contra del proceso de consulta simulada que se llevó a cabo en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas, para obtener la aprobación de la comunidad».

La solicitud de amparo presentada el pasado seis de enero reclama «la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas», así como la «ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada».

Las comunidades indígenas de Calakmul denunciaron que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«La consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades», dice el documento.

«Antes de consultar –se señala en el documento–, ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos».

«La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad», asegura el comunicado.

En la demanda se señala como autoridades responsables al presidente de la República, Andrés Manuel López; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes. ♦

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