Necesario reconstruir la memoria para que no mueran los pueblos

Diciembre 12, 2019.- Como parte de los mitos de regulación de los pueblos, en Tláhuac el mito de la Llorona sigue vigente para cuidar los recursos de los lagos, dijo Baruc Martínez

Hacer una reconstrucción de la memoria para que no mueran los pueblos, sobre todo de comunidades cercanas a la Ciudad de México, porque en el instante en que mueren los viejos y la gente deja de hablar los idiomas nativos también mueren, pidió Martín Vázquez Sandoval en el plantel Acatitla de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El rescate de Santa María Ixtahuaca, Santa Marta Acatitla, Chimalhuacán, debe ser una constante, porque a pesar de que tienen cronistas, no se tiene conocimiento de lo que en ellos se está haciendo por el rescate de su memoria.

Durante la presentación del libro de Baruc Martínez Díaz

Tras de comentar el libro del historiador Baruc Martínez Díaz, Desamortización de los bienes de la iglesia y de las comunidades indígenas, si bien corresponde a Tláhuac este ejemplos e puede retomar para los demás pueblos lacustres del lago de Texcoco, dijo.

A pesar de que muchos de los alumnos ahí reunidos con motivo de la pr4esentación del libro, vienen de esos lugares, poco se sabe de lo que en esas comunidades sucede porque ya no pertenecen a la población originaria, sino que son invasores y a eso se debe que la memoria de los pueblos se vaya extinguiendo.

El maestro en Historia platicó después con quienes tuvieron todavía preguntas por formular

«Cuando mencioné la idea de la tristeza, me refería a esta cuestión de qué tanto los individuos que viven en una comunidad son conscientes realmente de que ese espacio en el que habitan tuvo otras dimensiones temporales en otro momento, y esa es la parte que hay que destacar», dijo.

Los mitos de regulación que aún existen en pueblos como Tláhuac

Baruc Martínez se refiere a los mitos de Petra Cadena y el Charro Negro

Por su parte, el historiador Baruc Martínez Díaz refirió a las creencias populares de la Edad Media acerca de los mitos de regulación en los pueblos, como son los duendes y gnomos, quienes castigaban a la gente que iba de madrugada a cortar leña, como una idea de decir que la madrugada no era para trabajar.

«El bosque no puede ser talado día y noche», refirió. «Vemos que existe una lógica del valor de uso en contra del valor de cambio, que es lo que permea hasta nuestros días con el actual sistema capitalista. Hoy se tala más árboles por el negocio, para la riqueza del capital».

Estos mitos también existen en la región de Tláhuac, subrayó, como sucede con el mito de la llorona que hasta la fecha existe, la cual se le aparece a la gente que va a lugares con agua, pero de madrugada, a quien sale de noche, como consecuencia de quienes van a pescar a las tres o cuatro de la madrugada, cuando lo pueden hacer en horas del día.

«¿Para qué te acabas los recursos de los ríos y los lagos en la noche si hay momentos para hacerlo?», es la premisa porque en ese tipo de historias significa la forma en que los pueblos se autorregulan su territorio», comentó.

«Desde la lógica del capital y de las elites la gente de los pueblos son unos indios ignorantes que tienen creencias arcaicas, y es la pelea epistémica que ha existido desde la imposición del dominio colonial», señaló el historiador.

A continuación, presentamos el texto completo de los comentarios del doctor Martín Vázquez Sandoval, catedrático de la UACM, al libro de Baruc Martínez, Desamortización de los bienes de la iglesia y de las comunidades indígenas.

La Ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort.

Para llevar a cabo el proceso de desamortización fueron puestos en venta los conventos de hombres y de mujeres que pertenecieron al clero regular, los bienes pertenecientes de catedrales, parroquias, congregaciones, obras pías [1] y capellanías [2] (juzgado de capellanías), los bienes que eran propiedad de escuelas (colegios), hospitales, hospicios, cofradías y archicofradías. Se trataba de acabar con las instituciones de instrucción, asistencia, beneficencia y previsión social, las propiedades de los ayuntamientos y de los pueblos, donde se incluían los llamados bienes comunales.

Para aplicar la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México se desconocieron jurídicamente a las corporaciones eclesiásticas como las cofradías [3] y las órdenes religiosas, así, sus bienes inmuebles quedaron a cargo del Estado para ponerlos en venta a particulares.

La ley pretendía modernizar las estructuras políticas y sociales de México con el propósito de establecer el sistema capitalista acorde a los postulados del liberalismo político. Bajo esta concepción, la ley planteaba la presunción de fomentar el mercado y desarrollar la propiedad individual, al mismo tiempo obtener ingresos provenientes de los impuestos de compra-venta.

No obstante, sólo un número reducido de patrimonios de la iglesia pasaron directamente a las personas de medianos recursos, fueron pocos los que se convirtieron en nuevos propietyarios de las fincas que arrendaban, la aplicación de la Ley en su realidad compendió un ciclo de acumulación, consecuencia de la especulación y la apropiación de predios, las secuelas se apreciaron en su mayor amplitud en la expansión que alcanzaron las haciendas y en el dinamismo de la actividad urbanizadora del porfiriato.

Tenemos que hacer reiteración que las propiedades de la iglesia se concentraron en muy pocas manos, los beneficiarios de los remates y reventas especulativas (México, Puebla, Toluca), siempre fueron un grupo privilegiado, lo cual produjo una centralización de la riqueza y provocó un reacomodo de la elite; los viejos y grandes comerciantes criollos, quienes desde el consulado de comerciantes monopolizaron el comercio, controlaron la minería, explotaron una diversidad de actividades económicas en sus haciendas y por otra parte la vinculación con la nueva clase política proveniente de la Revolución de Ayutla [4].

Se trata en efecto de un proceso de acumulación, de una conformación de grandes fortunas producto de la apropiación de los bienes de la iglesia y de las tierras de las comunidades indígenas. Gracias a la liquidez monetaria creada con anterioridad y a la legislación liberal de los políticos triunfantes encabezados por Benito Juárez y durante la dictadura por el general Porfirio Díaz [5].

Si bien la transferencia de las llamadas tierras «baldías» a particulares produjo el monopolio de las propiedades para las grandes haciendas, también comprendió la ruina de aquellos hacendados cuyas deudas fueron imposibles de pagar, compromisos adquiridos con los agiotistas (grandes comerciantes), la entrega de las propiedades producto de la bancarrota es un tema que falta por estudiar.

Con respecto a la expropiación de las propiedades comunales

Caber recordar que la existencia de las propiedades comunales se remonta al México prehispánico y estas fueron reconocidas por la Corona española, en el momento que se promulgó la ley Lerdo los pueblos indígenas mantenían un sistema de tenencia de tierra basada en la economía comunal, para los liberales, los indígenas tenían que convertirse en ciudadanos modernos, para lograr tal cometido el carácter comunitario de la tierra representaba un obstáculo. La Ley Lerdo exigía la individualización de las propiedades de los indígenas, la justificación ideológica de los liberales era la de conformar una clase media rural semejante a la que se había logrado en Estados Unidos.

Sin embargo, la aplicación de la Ley Lerdo representaba una etapa de una vieja trayectoria de despojo que las haciendas de los criollos venían haciendo para apropiarse de las tierras de comunidades indígenas, un proceso que se arrastraba desde el período virreinal y en el siglo XIX del México independiente.

Ña existencia de la hacienda implicó permanentemente la expropiación parcial o total de las comunidades, la necesidad de mano de obra limitó la vida de sus habitantes a satisfacer sus exigencias de auto abasto, la cual complementaron mediante el trabajo en la hacienda.

Cuando se aplicó la Ley Lerdo resultaba obvia la incapacidad de los indígenas para comprar propiedades producto de la desamortización [6], el proceso de la venta y compra de los bienes estuvo acaparado por el favoritismo hacia los grandes comerciantes y con el beneplácito de los nuevos funcionarios de la revolución de Ayutla.

Los indígenas simplemente fueron relegados del repartimiento desamortizador y se construyó en la élite una visión negativa y racista para justificar la exclusión, desde la perspectiva de los poderosos los indios no sabían explotar adecuadamente las propiedades, eran ignorantes, flojos y mal vivientes.

La aplicación de la ley despojó finalmente a las comunidades indígenas de sus tierras, las tierras fueron denunciadas como baldías, la venta de las fincas dio origen a los latifundios porfiristas, las comunidades arrastraron inconformidad y finalmente la expresaron en el centro del país apoyando al movimiento zapatista como veremos de manera precisa más adelante.

Historiográficamente nos dice Jan Bazant, el tema del proceso de acaparamiento de bienes raíces se ha percibido desde diferentes generaciones y con diversas intensidades en las diversas regiones del país. No siempre fue así, la crítica inicial al proceso del latifundio fue expresada en la obra de Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, insistieron en el dominio de unos cuantos terratenientes porfiristas los cuales concentraron la tierra despojando a los pueblos indígenas, este fue el inicio de la crítica que alimentó la leyenda negra del porfirismo para justificar la causa de la Revolución.

Los historiadores en el régimen revolucionario como Moisés González  Navarro, José Miranda y Jesús Reyes Heroles justificaron el agravio con un tinte meramente político y legalista, al despojo de las propiedades comunales fue avalado como un proyecto propio del ideario liberal.

Por otro lado, la pretendida «visión crítica» guiada por François Xavier Guerra y Jean Meyer han suavizado los efectos de la Ley Lerdo por la falta de datos confiables sobre población y los terrenos comunales, por las cifras inexactas y las formas incongruentes de clasificación de las propiedades en los censos nacionales. No obstante, reconocieron la ruina de las comunidades indígenas y el aumento de campesinos desarraigados. Hasta ahora la reconstrucción estadística tan pretendida sobre los alcances y efectos del proceso desamortizador es un asunto pendiente.

De acuerdo a nuestra colega Daniela Marino, los estudios generacionales muestran perspectivas que ratifican la «leyenda negra» con una visión crítica al régimen porfirista (Thomson, Escobar, Schryer, Tutino), por otro lado, una visión «revisionista» (Stevens, Falcón, Knowlton), la cual relativiza las estrategias que los pueblos instrumentaron para conservar la propiedad colectiva de sus tierras. Si bien han madurado los trabajos interdisciplinarios y las investigaciones se han enriquecido con diferentes enfoques, falta explicar profundamente el grado de penetración capitalista y la capacidad del estado para hacer cumplir la legislación en aquellas zonas donde se mantuvo la vida comunal y la respuesta que dieron los pueblos para conservar sus recursos.

También es cierto que en los últimos veinte años se ha producido una diversidad de trabajos monográficos regionales, todos ellos respaldados en archivos municipales y estatales, de la reforma agraria, de las oficinas del Registro Público de la Propiedad y notarías, nos sorprende las evidencias de las diversas formas de resistencia que adoptaron los pueblos campesinos ante las políticas de despojo de los gobiernos liberales. Bajo esta perspectiva se explica el trabajo de nuestro colega Edgar Mendoza, «Distrito político y desamortización: resistencia y reparto de la propiedad comunal en los pueblos de Cuicatlán y Coixtlahuaca 1856-1900» y la investigación del maestro Baruc Martínez Díaz.

In atl, in tepetl. Desamortización del territorio comunal y cosmovisión náhuatl en la región de Tláhuac 1856-1911

El origen y la justificación del libro

Baruc nos dice: «Desde que era niño me fascinaba escuchar las variadas historias que mis abuelos paternos relataban acerca de nuestro pueblo, Tláhuac; sobre todo aquellas que tenían como telón de fondo la insurrección zapatista en los pueblos lacustres del sur de la cuenca de México y la incorporación de mi bisabuelo, Pedro Martínez Ramos, a las filas del Ejército Libertador del Sur».

La preocupación por comprender al movimiento zapatista en la región de Tláhuac y el problema permanente que ha afectado la identidad de los pueblos lacustres del sur de la cuenca, la desecación del lago de Chalco, iniciada por Íñigo Noriega a finales del siglo XIX. Esta circunstancia es la que llevó a Baruc a estudiar la manera en la que el Estado liberal impulsó la privatización de los bienes comunes de los pueblos de Tláhuac. Se trata por lo tanto de una historia del despojo y de lucha que trata de ser explicada desde el lugar de la comunidad afectada.

Para precisar, es un enfoque que expone el proceso histórico desde la óptica de los antiguos comuneros de los pueblos ribereños de la región de Tláhuac, de sociedades agrícolas mesoamericanas que ¿sobreviven o sobrevivieron?, por la presencia de su reproducción simbólica de la cultura, la cual persistió a los siglos de imposición colonial.

Contenido del libro

Para llevar a cabo la investigación, el autor establece tres capítulos. En el primero realiza un análisis del contexto histórico en el que se planteó la Ley Lerdo, destaca el concepto braudeliano de la larga duración para hacer énfasis en las políticas anticorporativas que antecedieron a la Ley Lerdo (desde las reformas borbónicas hasta 1856).

En el segundo capítulo, establece las fases del proceso desamortizador en la zona de Tláhuac, las primeras transferencias de tierras de las comunidades hasta los inicios del siglo XX.

En el tercer capítulo, analiza los aspectos que explican las particularidades de la cosmovisión mesoamericana que los pueblos de Tláhuac conservaron hasta los inicios del siglo XX.

En el desarrollo, Baruc estudia el paisaje lacustre porque considera que en su entorno donde se manifiesta el sentido de identidad cultural construida desde el tiempo prehispánico, una cosmovisión que sobrevive y la podemos percibir al comprender la forma en la que los pueblos de Tláhuac comparten el modo de vida y el trabajo comunal, en las percepciones y valoraciones de la realidad del mundo lacustre. Una visión que poco a poco se fue modificando ante el proceso de colonización impuesta por los poderosos, una manifestación cultural de raíz mesoamericana que se hizo evidente en la apreciación del territorio, el lugar donde se han enterrado los ancestros, donde se encuentran los cerros, lagunas, Ciénegas, chinampas y las cuevas; es el espacio sagrado de convivencia con los antepasados, el territorio heredado por el santo patrono (callpulteotl), el lugar donde todos trabajaban de forma comunal, el sitio asignado para la harmonía con la naturaleza que en cierta medida nos recuerda la carta del jefe Seattle.

Por otro lado, está la visión de los poderosos, la elite privilegiada con su ideología liberal que observa a la tierra como una mercancía que puede ser reducida a la propiedad privada, una perspectiva que penetra a través de la aplicación de la ley Lerdo para justificar la apropiación de las propiedades comunales, una legislación anti corporativa diseñada para destruir la vida comunitaria.

Ante esta embestida, nos dice Baruc, las nueve comunidades de Tláhuac para sobrevivir como entidades colectivas ante el proceso de desamortización construyeron «discursos ocultos» y aplicaron el arte de la resistencia, ajustaron su cultura mesoamericana para hacer frente a los intentos de los acaudalados para exterminar su forma de vida. No solamente los acaudalados aplicaron la ley Lerdo, también insistieron en acabar con el agua de la Cuenca de México. Al consolidarse tal proyecto también significa el fin de las entidades colectivas de los pueblos ribereños (nos gustaría saber el estado que guarda esta situación en la Tláhuac actual).

Se trata de una coyuntura histórica donde los antiguos campesinos tomaron decisiones en el pasado ante la embestida de privatizar sus territorios, pero también existe el tiempo presente y la reivindicación de la existencia como pueblos comunales, los cuales poco a poco se han transformado de comuneros a modernos propietarios.

Baruc nos dice que los pueblos en su momento tuvieron capacidad de adaptación, usaron su bagaje cultural autóctono e, inclusive, usaron estrategias «limpias o sucias» provenientes de los poderosos para elaborar títulos y mapas que presentaron a los tribunales para resguardar sus bienes comunales.

Sin embargo, la lectura me deja ver un final triste, la visión del paisaje, el antiguo territorio comunal compuesto de cerros, chinampas, dieron paso a los núcleos urbanos, a la «pequeña propiedad», lo cual modificó el espacio comunal.

Baruc se pregunta: ¿La desamortización significó despojo? Y él mismo responde que, en términos generales, la evidencia documental no permite sostener la tesis de un expolio territorial en la región.

No obstante, la desamortización formó parte de una serie de ultrajes en contra de los pueblos mesoamericanos, desde el virreinato hasta el siglo XX, desde la conformación de las mercedes reales y las composiciones, el dominio de las haciendas y finalmente la aniquilación de su vida ribereña con el desagüe de los lagos, este es el resultado final de un proceso de largo plazo.

Al explicar los ultrajes a los pueblos de Tláhuac, Baruc le da sentido al apoyo que estos pueblos le brindaron al movimiento zapatista, nos comparte el recuerdo del despojo original hasta la embestida porfirista en palabras de Emiliano Zapata. «¿Cómo se apoderaron de las grandes posesiones de tierras los conquistadores, que es la inmensa propiedad agraria que por más de cuatro siglos se ha transmitido a diversas propiedades? Por medio de las armas. Pues por medio de las armas debemos hacer porque vuelva a sus legítimos dueños, víctimas de la usurpación» (Francisco Pineda Gómez, La revolución del sur. 1912-1914).

No sabemos en qué términos las propiedades si es que las propiedades regresaron a sus legítimos dueños, Baruc nos lo explicará, lo que asienta en el libro es el papel de las élites locales, en su calidad de «principales» se beneficiaron con la desintegración del orden comunal y conformaron sus fortunas, se alejaron de las creencias y de la antigua cosmovisión. Las tierras comunales se convirtieron en mercancías, los pueblos de Tláhuac a pesar de sus viejos títulos coloniales fueron absorbidos por el proceso de privatización, ante la nueva circunstancia tuvieron que volver a darle sentido a su vida cotidiana, la diferencia es que ahora fueron testigos del declive de su vida comunitaria, ante sus ojos observaron la extinción del paisaje lacustre, la embestida de Íñigo Noriega llevó a los pueblos a perder el espacio acuático que una vez fue sufragado.

¿Qué fue de los discursos ocultos? Sus significados provenientes del ámbito cultural sirvieron para construir mitos como el de Petra Cadena y el Charro Negro, a la realidad se le dio un nuevo sentido para esconder en el mito la historia de una región, al cual giró en torno al agua, la forma de vida lacustre, la mezcla de deidades del México prehispánico volvieron a cambiar de nombre y una vez más se adaptaron a la forma de vida de Tláhuac. Los cambios ocasionados por la extinción del lago, el avance de la urbanidad, el ocaso de los campesinos ha oscurecido los antiguos valores y las creencias; sin embargo, en este libro percibimos la memoria de un curioso que desea que miremos el territorio y la vida ribereña de sus antepasados en otra época. ♦

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  1. Las obras pías eran fundaciones que implicaban la donación de un capital, destinado a apoyar a los sectores desprotegidos de la sociedad, como huérfanos, viudas, doncellas sin dote y pobres. También podían emplearse para fortalecer la vida religiosa, mediante el fin andamiento de fiestas y ceremonias, el suministro de velas, aceite y flores, o la propagación del culto a un santo o a una advocación de la Virgen.
  2. Las capellanías de misas tenían la finalidad de mantener a un capellán, que recibía  una renta anual, para que oficiara un número determinado de misas, en memoria del alma del fundador (Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial, p.13).
  3. Las cofradías eran asociaciones de fieles que servían para dar asistencia espiritual y material a sus miembros. Algunas llegaban a poner cuantiosos bienes que utilizaban para construir iglesias, conventos u oratorios, o para mantener colegios, hospitales y otras instituciones de beneficencia. En los pueblos de indios, las cofradías llegaban a controlar la mayor parte de la riqueza existente. «Las cofradías y las fundaciones piadosas surgieron en Europa en la Edad Media y se fortalecieron durante la época moderna, ya que fue en este período cuando se popularizó la idea del Purgatorio y aumentó la preocupación por la muerte de las personas. Se creía que entre las diferentes vías que existían para encaminar el alma después de la muerte de las personas. Se creía que entre las diferentes vías que existían para encaminar el alma hacia su salvación estaban los rezos, las penitencias, las donaciones piadosas, la celebración de misas, la adquisición de bulas de difuntos y las limosnas» (Íbidem: 13).
  4. La hacienda de Chapingo creada por Antonio y Picazzo a finales del siglo XVII, la Compañía de Jesús adquirió la propiedad, a su expulsión en 1977 la hacienda fue rematada y pasó a manos de Pedro Caderecha. La Junta Provisional de Enajenaciones recogió la hacienda por incumplimiento en los pagos y la volvió a rematar a Antonio de Vivanco en 1786. Esta finalmente la vendió en 1884 a Manuel González. Este amplió la hacienda gracias al despojo de terrenos y el control del agua.
  5. La adquisición de tierras por parte de la hacienda fue compra, usurpación o composición a personas particulares, comunidades indígenas o a la propia iglesia con las Reformas Borbónicas.
  6. El caso de Oaxaca.

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