La última comparecencia del delegado de Tláhuac

Agosto 2, 2017.- El jefe delegacional en Tláhuac no quiso, ni pudo, responder el alud de cuestionamientos y señalamientos que se le vino encima

Aun cuando Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, recriminó a los diputados de la Asamblea Legislativa que lo hubiesen acusado con puras especulaciones, tras de responder los cuestionamientos que estos le hicieron con evasivas y omisiones, al final de cuentas no pudo librar que se diera inicio con su proceso de remoción del cargo, tal y como se había anticipado.

Después de todo, Salgado anunció, de entrada, que había acudido ante la Comisión de Gobierno para «poder precisar y aclarar distintos señalamientos que se han hecho en contra de mi persona, de mi familia y de otras personas que se han venido mencionando a lo largo de todos estos días».

Sin embargo, acerca de su presunta vinculación con organizaciones delictivas «documentadas por diversos medios de comunicación», negó «categóricamente» tener «vínculo consanguíneo, de amistad, negocios o cualquier otro» con persona u organización delictiva «como se ha querido hacer creer». E insistió en que eso es mentira, y que «por más que se repita nunca será verdad».

En su primera exposición, Salgado, quien mantuvo porte erguido y se mostró quizá confiado en la contundencia de sus argumentos, señaló que a él no le es ajena la problemática de inseguridad que viven los habitantes de Tláhuac porque, dijo, la «hemos sufrido desde hace muchos años», además de haberla documentado e informado a la Asamblea Legislativa y a las instancias competentes, pero sobre todo afirmó orondo y aún dentro del plan ensayado que él siempre ha mantenido «comunicación y proximidad con la ciudadanía».

Manifestó que nunca ha desatendido el Programa de Seguridad Pública de la delegación y que por ello han sesionado desde el inicio de la administración en más de 450 ocasiones en el gabinete delegacional de Seguridad Pública, y negó las versiones periodísticas que indican que él brindó las condiciones necesarias para que en la fiesta patronal del mes de julio de 2015 en el pueblo de Santiago Zapotitlán fuera estrenado el corrido del líder del cártel de Tláhuac recientemente abatido por elementos de la Armada. «Este señalamiento nos demuestra con claridad cómo la información que circula no constituye una verdad», precisó, porque él tomó protesta como jefe delegacional el primero de octubre de 2015.

Luego de aducir que envió entonces un oficio al secretario de Seguridad Pública a fin de que se hiciera cargo de la vigilancia de la feria, calificó las versiones difundidas por los medios como «un infundio y una acusación de mala fe», una «infamia y una calumnia».

A continuación, refirió que en diversos medios de comunicación se manejó «la supuesta desaparición de 64 personas», vinculados con operadores de mototaxis y bandas delictivas, pero que «en el pleno del gabinete delegacional de Seguridad Pública» sólo se tiene conocimiento de un solo caso, el del menor José Rodrigo, a cuyos familiares dijo haber recibido el 10 de agosto del 2016.

Salgado expuso que su administración «desarrolla la prevención del delito a través de dos ejes», con «acciones que involucran a la comunidad» y mediante «un área de coordinación institucional» en la que intervienen «instancias competentes para tal fin» (así lo dijo), donde se la viven «transversalizando» (¿?) «las cinco acciones desde una perspectiva de seguridad ciudadana».

En su cantinfleo con garbo y determinación mencionó el programa de Escuelas para la vida con seis mil niños inscritos; los 168 comités por la seguridad con mil 833 vecinos incorporados; la coordinación con áreas que involucran al gabinete de seguridad pública y procuración de justicia, lo que según él ha originado 451 sesiones; asistencia ciudadana con 51 operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública en festejos populares, así como 119 operativos de agilidad vial en el Cetram Tláhuac, y los escudos escolares con 70 talleres de prevención al delito en escuelas de la demarcación.

La única vez que Salgado mencionó el nombre del líder del cártel de Tláhuac fue cuando se refirió al tema de los mototaxis, y «debido a los actos suscitados por el abatimiento de Felipe de Jesús el pasado 20 de julio». Dijo haber encontrado en los archivos de la delegación «referencias de registros de bicicletas adaptadas, bicitaxis, desde el año 1999 con mil 250 unidades»; lo que «para el año 2009 continuó el servicio de bicicletas adaptadas, pero también surgieron las motocicletas adaptadas como parte de un transporte similar».

Refirió que en el año 2010, la autoridad delegacional dio a conocer el programa de regularización de bicicletas y motocicletas adaptadas, así como carros eléctricos, por lo que fueron entregados 767 engomados y se reconocieron 34 organizaciones cuyo registro consta en la unidad departamental de Transporte y Vialidad; asimismo, se notificó a las organizaciones las reglas mínimas de operación para la prestación del servicio, es decir, «se generó un programa al margen de la ley y se les reglamentó de manera irregular», reconoció.

En 2012, continuó, el entonces jefe delegacional Rubén Escamilla Salinas, emitió 552 constancias de censo en un programa de reordenamiento de bicitaxis, mototaxis y carros eléctricos de Tláhuac, las cuales contienen los datos generales del operador y de la organización a la que pertenecían.

De igual forma, el 13 de noviembre de 2013, mediante oficio número 13, la Dirección de Gobierno y Población envió al director operativo de la Dirección General de Servicios de Transporte Público de la Setravi, el padrón presentado por los representantes de las organizaciones de transporte alternativo de pasajeros.

Según dijo, en los archivos de la delegación actualmente están documentadas la existencia de más de tres mil agremiados de la modalidad de transporte de bicicletas adaptadas, bicitaxis, carros eléctricos y mototaxis, y aseguró que en su administración no se ha reconocido o regulado a ningún prestador de estos servicios.

Justificó adjudicación de contratos

Otro de los temas abordados por Salgado fue lo concerniente a los contratos otorgados por adjudicación directa a Patricia Lizeth Sánchez Vázquez, Cinthya Nayeli Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado, que participaron como donadores durante su campaña para ese cargo, y sobre los temas que recientemente se han suscitado en esa demarcación sobre las presuntas vinculaciones documentadas por diversos medios de comunicación entre el titular de esa demarcación y organizaciones delictivas.

Salgado reconoció que durante el ejercicio fiscal 2016 a julio de 2017 se realizaron con dichos proveedores un total de 33 contratos bajo el procedimiento de adjudicación directa por un monto total de 20 millones 562 mil 186.56 pesos, y que en todos los casos las áreas responsables y en lo aplicable al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, se apegaron a los procedimientos y a la normatividad vigente de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.

Con respecto al supuesto conflicto de intereses «ventilado en medios de comunicación», según dijo, aseguró que el mismo era «falso y carecía de fundamento jurídico» debido a que no tenía «relación o interés laboral, personal, de amistad, profesional, familiar o de negocios con los proveedores». La manifestación de conflicto de intereses, indicó, «es por demás vaga e imprecisa».

Hasta ahí Salgado mantuvo la figura que por lo visto había ensayado, porque a continuación se le vino la noche con la andanada de preguntas y señalamientos de los diputados, con excepción de los de su partido, Morena.

Solidaridad con periodistas amenazados

En la primera intervención, el diputado Mauricio Toledo y a nombre del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa se solidarizó con los periodistas Héctor de Mauleón y Armando Ramírez Rodríguez, tras de las amenazas recibidas por realizar su trabajo en la cobertura sobre los sucesos de la delegación Tláhuac.

«Reprobamos que se pretenda con amenazas silenciar la voz de los periodistas y los representantes populares que realizamos nuestro trabajo», dijo.

Sin embargo, afirmó que tanto a la Comisión de Gobierno como al diputado Iván Texta y a él «ha llegado información muy detallada que señala su vinculación con personajes del crimen organizado de su demarcación».

«Algunos datos los reservaré –advirtió– en cumplimiento de la Ley de Datos Personales, pero en su momento llegará al órgano correspondiente y la instancia correspondiente para que sea investigada su actuación y quien lo rodea».

Puntualizó que al delegado de Tláhuac «se le olvidó» que Batuel Beltrán Vázquez, que hasta el 30 de junio fue jefe de Unidad de la Dirección de Operación Hidráulica de su demarcación, con número de empleado 988606, «es hermano de Edgar Beltrán Vázquez, que ha sido señalado como jefe de sicarios de ‘El Ojos’, como ha quedado constancia en las actas de nacimiento en poder de un servidor y que serán entregadas al presidente de la Comisión de Gobierno –Leonel Luna– y a las instancias correspondientes.

Asimismo, le preguntó si sabía que la señora Nancy Cortés Gutiérrez, «se conoce fue pareja sentimental de Felipe de Jesús y fue dada de alta en la nómina de su demarcación como administrativo con los números de empleado 993922 y 828998 en enero del año siguiente en que usted mismo asumió el cargo».

También dijo tener medios de comunicación en los que se asegura que fue en su periodo donde la pareja sentimental del abatido líder de la organización criminal ingresó a trabajar a la Dirección General de Administración. Además de que en la nómina de la delegación aparecen como trabajadores hermanos y cuñados de Felipe de Jesús, Griselda Cortés Gutiérrez y Arisel Cortés Gutiérrez.

Toledo recriminó a Salgado el que les hubiese dado un curso de adjudicaciones y licitaciones, para lo cual se llevó ocho minutos de su exposición sobre una explicación de qué es el artículo 55. Porque «los que hemos sido jefes delegacionales sabemos que la adjudicación directa es directa, no me tiene que enseñar clases, y usted adjudicó a las personas físicas y a las empresas y está acreditado la empresa y la persona física que financió su campaña, por cierto 120 mil pesos y usted dio millones de pesos para darle contratos».

«La fuerza de muchos de nosotros es la palabra –precisó Mauricio Toledo–, no son las armas; para nosotros la palabra, el micrófono es nuestro mejor instrumento, no las pistolas, no las AK y mucho menos las amenazas». ◊

(Con información de Mercado Sobre Ruedas)

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